La Ley de educación de la República Popular China fue promulgada en 1994 y modificada en 2009, 2015 y 2021 respectivamente. La última revisión entró en vigor el 30 de abril de 2021.
La ley comprende 86 artículos en total. Tiene como objetivo desarrollar la educación y mejorar la calidad del ciudadano chino.
Los puntos clave son los siguientes:
- Los ciudadanos de la República Popular China tienen el derecho y la obligación de recibir educación. Todos los ciudadanos, independientemente de su grupo étnico, raza, sexo, ocupación, situación económica o creencias religiosas, gozarán de las mismas oportunidades de educación en conformidad con la ley. El Estado, a la luz de las características y necesidades de los diferentes grupos étnicos minoritarios, contribuirá al desarrollo de la educación en las regiones habitadas por estos grupos. El Estado apoyará y asistirá la educación para las zonas periféricas y empobrecidas. Las personas discapacitadas también recibirán ayuda especializada.
- El Estado aplica un sistema de educación obligatoria de nueve años. Los gobiernos populares en todos los niveles deben tomar diversas medidas para garantizar el acceso a la educación de los niños y adolescentes en edad escolar. Los padres u otros tutores de los niños y adolescentes en edad escolar, así como las organizaciones sociales y las personas interesadas, tendrán la obligación de garantizar que los niños y adolescentes en edad escolar reciban y completen la educación obligatoria durante el número de años prescrito.
- Las personas que se encuentran fuera del territorio de China, que satisfagan los requisitos del Estado y hayan completado los trámites pertinentes, pueden ingresar a China para estudiar, realizar investigaciones, participar en intercambios académicos o enseñar en escuelas u otras instituciones educativas. El Estado protegerá sus legítimos derechos e intereses.
- Quien robe o use falsamente la identidad de otra persona para obtener la calificación de admisión, será investigado por la autoridad administrativa educativa u otras autoridades administrativas relevantes que podrán revocar su calificación de admisión y podrá ser sancionado entre dos años a cinco años; si ha obtenido un certificado de grado, certificado académico u otros certificados educativos, la autoridad emisora revocará dicho certificado; si llega a ser funcionario público, será destituido de conformidad con la ley; si viola la administración de seguridad pública, el órgano de seguridad pública le impondrá sanciones por la administración de seguridad pública en conformidad con la ley; y si su acto constituye un delito, será responsable penalmente en conformidad con la ley. Cuando se infrinja el derecho de una persona sobre la base de que otra persona obtuvo falsamente su calificación de admisión, podrá solicitar que se le restablezca la calificación de admisión.